Picture #1 (click for full picture)TITULO DEL CASO:
Políticas
de conservación de áreas protegidas
AUTOR:
Grupo ASPA
Universidad de Caldas
Proyecto RIMISP/FONTAGRO
PAIS:
Colombia
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La declaración unilateral de la propiedad del Estado sobre los bosques en muchos países africanos, sin considerar los derechos tradicionales de acceso, uso y manejo, ha tenido resultados desastrosos para la conservación de los recursos forestales. Ni la compra de tierras ni su manejo por parte de las autoridades públicas constituyen herramientas eficientes para el manejo sostenible de áreas protegidas, muy especialmente, cuando la ordenación es sostenida por servicios o administraciones centralizadas e ineficaces y donde la presión sobre los recursos es alta. En consecuencia, se plantea un nuevo modelo caracterizado por un cambio en la función del gobierno, que pasa de la labor de ejecución a la de reglamentación, por la descentralización del proceso de toma de decisiones y por el intento de involucrar a los principales interesados en la labor de planificación y manejo del área protegida.
El Estado colombiano decidió en 1997 adquirir 6.100 ha en la bioreserva “Selva de Florencia”, con el objetivo de preservar el potencial hídrico de la zona y proteger la gran biodiversidad que alberga, procurando, al mismo tiempo generar desarrollo y reducir pobreza rural con el ingreso de recursos a la región. La Selva de Florencia es un fragmento de bosque andino cuya extensión actual es de 8.000 ha, 50% de la extensión que tenía 30 años antes. No obstante la riqueza en biodiversidad y la presión que los campesinos han ejercido sobre los recursos, el indicador de calidad de vida (según el Indice de Stollbrock) está muy por debajo de los niveles departamental y nacional.
El Grupo de Investigación ASPA de la Universidad de Caldas, con apoyo de RIMISP/FONTAGRO y CONDESAN, realizó una investigación con el fin de evaluar el impacto socioeconómico y ambiental de la política de adquisición de predios en la reserva Selva de Florencia, como apoyo a la toma de decisiones en futuras intervenciones del Estado, que permitan lograr una mayor eficiencia en la protección de los 13 biomas que existen en Colombia.
Se encuestó a 35% de los 80 hogares que vendieron los predios, que habitaban dentro de la reserva y que por la venta de sus propiedades se trasladaron fuera de la reserva. El formato permitió recuperar información para determinar las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la Línea de Pobreza (LP) y la migración debida a falta de oportunidades de trabajo, antes de la venta de las tierras y 4 años después (situación actual). El mismo formato de encuesta aportó información sobre cantidad de leña utilizada, área de bosque tumbada, cantidad de madera extraída para la venta, cantidad de animales cazados y área quemada, como indicadores para comparar la presión que realizaban los hogares sobre los recursos naturales cuando habitaban en la reserva con la situación actual. Adicionalmente, se establecieron parcelas para e valuar la regeneración de la biodiversidad en lotes de café y de pastos.
Todos los indicadores de presión ambiental utilizados mostraron un cambio sustancial positivo (reducción de más del 90%) por efecto de la política de adquisición de predios y desalojo de la población. En flora y en quirópteros, se registraron valores de índices de biodiversidad significativamente mayores para los lotes en regeneración natural que en producción.
La adquisición de los predios favoreció una reducción de 50 a 25% de hogares con NBI, siendo los servicios de acueducto y alcantarillado y los de salud, los sectores más favorecidos. Sin embargo, la proporción de hogares por debajo de la LP se incrementó de 14 a 39%, debido a la reducción de los ingresos netos (55%). La migración de los hogares en busca de oportunidades de trabajo se incremento de 13% antes de la venta a 60%, 4 años después de la venta.
El análisis de la política de conservación que implementó el Estado, mediante la adquisición de los predios y consecuente desalojo de la población campesina, indica que la medida fue efectiva para reducir la presión sobre los recursos de flora y fauna, y para incrementar, en solo 4 años de regeneración natural, la diversidad de flora y quirópteros. En los nuevos sitios de residencia, los hogares cuentan con servicio de energía eléctrica y mayor facilidad de abastecimiento de gas, razón por la cual ya no requieren de altas cantidades de leña para la preparación de los alimentos. De otra parte, la ubicación en zonas con menor disponibilidad de bosque y a grandes distancias de la reserva favoreció la reducción de la presión sobre la madera y la fauna silvestre. Por lo tanto, la disminución de la presión de los hogares sobre los recursos naturales, se debe más a que sus nuevos sitios de residencia cuentan con menor disponibilidad de recursos naturales y no a un cambio de actitud en el uso de los mismos.
Desafortunadamente, el mejoramiento de los indicadores ambientales se logró con un alto costo social. La adquisición de predios a nombre del Estado, incrementó en sólo 4 años, los niveles de pobreza de los hogares que vendieron sus tierras y habitaban dentro de la reserva. Los altos costos de la tierra en zonas que tienen mayor desarrollo de infraestructura y la baja capacidad de negociación, se convirtieron en factores decisivos del aumento de la pobreza de estos productores y la desintegración del núcleo familiar por el aumento de la migración en busca de oportunidades de ingreso.
Los hogares están afectados por pobreza reciente (por debajo de la LP) y no por pobreza inercial (con NBI), pero la falta de ingresos suficientes para cubrir los costos de la canasta familiar obligará a un proceso sostenido de venta de activos y en consecuencia, existe un riesgo alto de incrementar en el mediano plazo la pobreza crónica (Hogares con NBI y por debajo de la LP). Aunque los indicadores ambientales son altamente satisfactorios, existe un manto de duda sobre la sostenibilidad que puedan tener. La escasa participación que se brindo a la comunidad local y a la sociedad en general en el diseño del mecanismo a implementar para la conservación de la reserva, el costoso e ineficiente manejo por parte de las administraciones públicas, y los incrementos en los niveles de pobreza de los hogares, pone en evidencia los riesgos de una recolonización de la reserva, favorecido por las circunstancias de violencia sociopolítica que vive el país y la región en particular.
Los resultados refuerzan el concepto que ni la compra de tierras ni su manejo por parte de las autoridades públicas constituyen herramientas eficientes para el manejo sostenible de áreas protegidas. El Estado debe considerar en futuras intervenciones sobre áreas protegidas la necesidad de combinar instrumentos de política de incentivos, derechos de propiedad y regulaciones comerciales, para consolidar procesos de conservación sostenibles, participativos y regulados en gran medida por el mercado. Así mismo, le corresponde al mismo Estado promover el consenso y la convicción de las poblaciones locales, como estrategias esenciales para el éxito en la aplicación del instrumento de política.