Desde el punto de vista del uso sostenible, la apropiada activación del conjunto de usos posibles de un ecosistema forestal (directos e indirectos), exige conjugar en forma interactiva las siguientes dimensiones:

• la preservación de recursos y funciones estratégicas (flora y fauna endémica y amenazada, fuentes de agua, suelos en pendientes pronunciadas, microclima), 
• la recuperación de los ecosistemas degradados (conservación de suelos, reforestación, reciclaje de residuos, control de la contaminación, y  el uso sostenible propiamente tal de los bienes (maderables, no maderables) y servicios disponibles (agua, paisaje, clima, fijación de C02) (4)

  Estas tres dimensiones permiten estructurar la zonificación de los bosques en función de su uso sostenible; no se puede olvidar que las especies animales y vegetales, el agua, aire y suelo, se convierten en recursos no renovables si su uso es inadecuado Carabias et al. 1995: cf. Altieri 1992. Por otra parte, deben retroalimentarse mutuamente, de manera que sea posible negociar la sustitución de presiones sobre recursos estratégicos a ser protegidos, mediante el uso sostenible de otros recursos menos amenazados (dentro y/o fuera de los bosques) y la recuperación de la capacidad productiva de los suelos en proceso de degradación (ver más adelante).

   

  Interacciones ‘entre’ ecosistemas

  A su vez, los ecosistemas forestales se relacionan con otros ecosistemas, como los páramos de altura (suni, puna, praderas altoandinas) en el caso de los bosques nublados, con los que se establecen a menudo - por contigüidad geográfica y complementariedad ecológica - relaciones sinérgicas en la provisión de servicios ambientales (regulación del régimen hídrico, control micro-climático). Los bosques están también vinculados con los agro-ecosistemas situados en sus inmediaciones, con los que existen relaciones alternantes, que oscilan entre la provisión de bienes y servicios por parte de los bosques, la extracción sostenible (funcional a la existencia de conocimientos nativos tradicionales o a prácticas promovidas por los proyectos) y la depredación (presiones). Dentro de los agro-ecosistemas encontramos usos actuales, susceptibles de ser mejorados (diversificación y semi-intensificación productiva) y complementados con proyectos productivos alternativos.

  Cada uno de los componentes de ambos ecosistemas (ecosistema forestal – agroecosistema) es activado diferencialmente en función del tipo de recursos existentes, de las lógicas productivas e institucionales de los actores involucrados (ver más adelante), y de la naturaleza de las presiones a controlar. El cuadro n° 1 ilustra esta aproximación.

   

  Cuadro N° 1

  

   

  Los ecosistemas forestales: una visión interactiva

  En las circunstancias de los pequeños productores rurales, las acciones dentro de los ecosistemas forestales deben ser complementadas por acciones en los agroecosistemas, tendientes a diversificar y (semi-)intensificar los usos. Sólo en esta perspectiva pueden ser superados planteamientos como la denominada ‘paradoja de Jevon’, aplicada inicialmente a las fábricas de carbón inglesas del siglo XIX y utilizada frecuentemente por conservacionistas fundamentalistas, que postula que el mejoramiento de la eficiencia del uso de un recurso conduce frecuentemente a un uso mayor de ese recurso. Sin duda, no basta mejorar los usos actuales fuera del bosque, porque el éxito conduciría a buscar más suelo forestal, sino que es preciso valorar simultáneamente los bienes y servicios forestales, en perspectiva sinérgica (diversificación y complementariedad de usos, sustitución de los usos que degradan los ecosistemas), y activar controles sociales apropiados (ver más adelante).

  En general, la literatura especializada suele ser pesimista acerca de las posibilidades de controlar la deforestación sólo mediante la valorización de los ecosistemas forestales (Southgate 1998; Kaimowitz, Byron y Sunderlin 2000). Por otra parte, parece que el aumento de la oportunidad de obtener ingresos alternativos incide en la disminución de la presión sobre los recursos (Blaikie 1984, Chambers 1987, cit. en. Bebbington 1993). En una dirección complementaria, la diversificación de los productos y métodos de producción dentro de un área de manejo mejora la capacidad de adaptarse al cambio, como sostiene McNeely (1997:95); reducir el atractivo del desmonte mediante el recurso a métodos indirectos que reorienten las inversiones hacia otros rubros no forestales, puede constituir también una estrategia paralela (Rudel y Horowitz 1996:193).

  En esta perspectiva interactiva, el éxito o fracaso en el manejo de un componente aislado no es criterio suficiente para concluir la sostenibilidad o insostenibilidad global de los modelos de desarrollo; en otras palabras, no basta comprobar si una práctica de manejo es en sí misma sostenible, sino que es preciso demostrar en qué medida sustituye anteriores prácticas inadecuadas o previene otras futuras Por otra parte es importante tener en cuenta los principios 'progresivos' del uso sostenible en el caso de los bosques andinos, no podemos olvidar que nos encontramos ante una naturaleza de hecho ya intervenida, por lo que los resultados del “manejo de presiones” deberán ser medidos por la disminución de la distancia entre los usos actuales y los potenciales (definidos a partir de la sostenibilidad ecológica óptima). Los objetivos inmediatos de este tipo de manejo son, por tanto, minimizar el daño y optimizar los usos (mejores tecnologías de extracción, manejo de las tierras deforestadas, generación de más valor agregado sobre una cantidad menor de recursos, manejo de las cadenas de intermediación...); mientras tanto, se propiciará la generación de alternativas económicas que valoricen otros recursos recuperen el paisaje degradado y sustituyan los usos menos adecuados a la aptitud natural de los ecosistemas con ritmos y procesos que varían en intensidad y duración de acuerdo al tipo de actores involucrados (5)

   

  Economía y ecología

  Estas consideraciones nos introducen de lleno en la función que desempeñan las variables económicas en el manejo de los bosques nativos, con relación al tipo de actores involucrados.

  Insostenibilidad ecológica, economía y pobreza rural

  Los modelos de desarrollo rural han propiciado frecuentemente la degradación de los ecosistemas, basándose en argumentos como la necesidad de “generar ingresos” para satisfacer las necesidades de las poblaciones rurales, sin considerar la “calidad” ambiental de dichos ingresos y los altos riesgos de reversión de la situación de aparente bienestar a mediano o largo plazo, debido precisamente a las bases en las que se sustentaba el modelo de desarrollo; por otra parte, esta degradación hunde también sus raíces en la creciente inadecuación de los conocimientos tradicionales, conjugada con precisas decisiones de política económica (cf. Blaikie 1984). En este sentido, el deterioro ambiental daña las bases del desarrollo, mientras que el proceso de empobrecimiento ha asumido la forma de un proceso gradual y acumulativo, aunque tiende a ser visto como manejable y no riesgoso. De ahí que sea necesario identificar una estrategia que supere al mismo tiempo la pobreza y la degradación en el sector rural; en otras palabras, es urgente proponer alternativas de uso de los recursos que detengan y reviertan el deterioro ecológico, y propicien al mismo tiempo el aprovechamiento diversificado de los recursos naturales renovables, teniendo en cuenta que la diversidad biológica constituye por sí misma un factor de desarrollo

  En términos generales, la insostenibilidad ecológica de los usos es también económica y socialmente insostenible a la larga; pero las consecuencias del deterioro ambiental no siempre son percibidas de manera inmediata, y los efectos de un uso inadecuado sobre los recursos naturales pueden tardar años en notarse. Por otra parte, la tendencia normal de los distintos actores es intentar obtener beneficios inmediatos, por necesidad de sobrevivencia o por lucro; en este caso, el reto central para el planteamiento de alternativas de manejo es demostrar que las prácticas sostenibles propuestas son más provechosas que las anteriores prácticas insostenibles (cf. Sizer 1994).

   

  La economía desde la ecología

  En este marco interpretativo, la economía ambiental plantea el problema de cómo internalizar las externalidades ambientales (efectos ambientales indirectos y no deseados) con relación a las lógicas productivas de los pequeños actores rurales.

  La conciliación de la economía campesina con la economía del medio ambiente es el postulado que surge en forma más inmediata; la primera incurre frecuentemente en una suerte de fundamentalismo desarrollista, en el que lo único importante es generar ingresos, mientras que la segunda tiene a menudo dificultades para convertir el "valor en sí" de los recursos en valor para la gente que los degrada o que los utiliza.

  Las tendencias recientes de la economía ecológica, que consideran la economía como un sistema abierto en comunicación permanente con las dimensiones social y ecológica, en perspectiva transdisciplinar, nos permiten una primera aproximación al tema (6). En este sentido, nos hacemos eco de las inquietudes sistémicas de algunos economistas ecológicos (Kapp 1994:331), tendientes a identificar las “interrelaciones dinámicas” entre los distintos sub-sistemas (económico, físico y social); aspiramos a concretar, precisamente, esta orientación global, relacionando de manera precisa impactos ambientales y procesos económico-productivos, orientados hacia la sustitución de prácticas depredadoras, variables expresadas genéricamente (pero no siempre concretadas) por la economía ecológica.

  En esta dirección, el punto de partida adoptado no es tanto el de la economía como disciplina y problema, para buscar concordancias posibles con otros abordajes disciplinarios, sino las formas de relacionamiento con los recursos naturales definidas por las lógicas y orientaciones de la gente (“presiones” y formas positivas de relacionamiento con el entorno), a partir de las cuales replantear las relaciones entre sociedad, economía y ecología. En otras palabras, consideramos que la matriz más apropiada para repensar este conjunto de interrelaciones es una matriz transdisciplinar que supere un enfoque centrado en el “manejo de recursos”, para transitar hacia el “manejo de presiones”, incorporando funcionalmente los instrumentos y metodologías de valoración, más allá del formalismo economicista, y los aportes de las distintas disciplinas (7).

  Algunos economistas ecológicos han dado pasos significativos en esta dirección, reconociendo la necesidad de conocer en profundidad la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales y de investigar los factores socio-institucionales involucrados en la crisis ambiental (Aguilera y Alcántara 1994:28-29) (8). Sin embargo, la mayoría de los intentos de solución culminan en la valorización económica de las unidades físicas utilizadas. Además del problema político de cómo hacer pagar por los nuevos precios, no siempre es factible ni deseable internalizarlo todo. Esta ‘inconmensuralibidad de las externalidades ambientales’, unida a la necesaria colaboración multidisciplinaria en el marco de una ‘ciencia post-normal’, permite, como veremos, plantear la posibilidad de apelar a una cierta ‘externalización’ de la economía, introduciéndola en una matriz ambiental.

  Sin duda, es necesario seguir afinando los procedimientos de valorización, con relación a usos directos e indirecto (9), incluyendo la creación de mecanismos apropiados para el pago por servicios ambientales (10), y propiciar la internalización económica de variables como la contaminación y la degradación, mediante el recurso a desincentivos monetarios o el remedio de los daños causados (11). Esta internalización, en particular, constituye una exigencia imperiosa en el caso de grandes empresas y actividades industriales como la explotación maderera, minera o petrolera, que tienen poderosas consecuencias ambientales, aunque las regulaciones pueden ser complementadas a veces con incentivos positivos (exoneraciones parciales de cargas impositivas a quienes contaminan menos), que ofrecen una motivación más permanente para seguir reduciendo los impactos negativos y pueden estimular a las empresas a innovar sus tecnologías de control de la contaminación (cf. Jacobs 1995: 283, 289-90).

  Sin embargo, este tipo de procedimientos no siempre es válido para pequeños agricultores, ya que el principio de que ‘quien contamina paga’ puede inducir a aumentar las prácticas depredadoras, empeorando su situación de pobreza (restricciones de liquidez y de capacidad de inversión) Holden y Binswanger 2000) Sin duda, se debe propiciar la internalización mediante la educación ambiental, y se puede valorizar los bienes y servicios forestales que poseen un valor directo para el consumo y la agricultura (caza tradicional, fitoalimentos, forraje, agua…) o que pueden ser vendidos en el mercado (madera, productos no maderables); pero también es factible activar metodologías que mejoran la economía, y sustituyen al mismo tiempo la degradación y las presiones sobre los ecosistemas forestales, operando pequeños ‘canjes’ económicos en el interior de los ecosistemas. Este tipo de procedimientos se relaciona precisamente con la posibilidad de ‘externalizar’ la economía e introducirla en una matriz ambiental.

  En economías campesinas, el proceso de toma de decisiones productivas puede basarse también en la calidad ambiental: si se continúan utilizando los recursos de la misma manera, los suelos se degradarán hasta su completa e irreversible erosión; si se operan cambios significativos en el uso del suelo o se mejora el uso actual, la base de recursos se restaurará o se mantendrá estable. Sin embargo, la demostración de calidad ambiental debe ir acompañada por la oferta de mejoras económicas; de hecho, cuando el indígena o el colono decide cambiar de uso en base a razonamientos como “la degradación ambiental daña las bases del desarrollo” y “la calidad ambiental favorece la continuidad productiva”, lo que está haciendo es traducir implícitamente en términos económicos (aumento de la producción y productividad) dimensiones que no lo son (calidad ambiental), para hacer posible la toma de decisiones en una economía de mercado. Es decir, la economía se constituye en mediadora entre dimensiones que tienen una base estrictamente ambiental (calidad de los recursos), algo que ilustra la transdisciplinariedad necesaria en procesos de naturaleza socio-ambiental: no es ni la economía ni la ecología por sí solas las que conducen a la solución, sino la combinación de ambas en el marco de un nuevo enfoque.

  En este marco, las características de los procesos degradativos y de manejo de recursos naturales exige prestar atención a las relaciones entre factores naturales y sociales. Frente a las metodologías que tienden a separar las variables geofísicas y ambientales de las socioeconómicas, es necesario discriminar el tipo de ingresos o de productos en función de su impacto ecológico, llegando así a una propuesta de niveles de degradación ambiental, cuyo reverso es la sustitución de prácticas degradativas por otras más consonantes con la capacidad de los ecosistemas (Izko ed. 1998). El trasfondo de estas medidas es la posibilidad de mejorar la producción o los ingresos, disminuyendo o estabilizando al mismo tiempo la degradación, lo que posibilita, a su vez, seguir produciendo y generando beneficios; pero los incentivos mismos son de naturaleza social y eco-productiva, así como los procedimientos utilizados (negociación), que apelan a la capacidad de las instituciones de apoyo para establecer consensos con los actores locales acerca de qué usos son los más pertinentes, sobre la base de propuestas concretas de sustitución (12).

  En situaciones en las que el uso competitivo del suelo es la situación normal (diferentes prácticas agropecuarias compitiendo en el mismo espacio productivo), la metodología del “canje ecológico” puede ser una de las soluciones más eficaces para disminuir los daños ambientales y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones económicas de las poblaciones rurales. En términos generales, el ‘canje ecológico’ (cercano al concepto andino de ‘trueque’) aspira a disminuir los niveles de degradación ambiental, incrementando al mismo tiempo los beneficios netos de las economías rurales, intentando hacer factible el controvertido ‘trade-off’ entre economía y ecología (13). 

  En general, la perspectiva metodológica del canje/sustitución incorpora los siguientes componentes:

  	Caracterización de la dinámica de la insostenibilidad (origen, manifestaciones y orientación de las presiones sobre los recursos)
  	Determinación de los niveles de degradación ambiental, categorizando los usos en función de su mayor o menor impacto ambiental, a fin de poder priorizar una u otra forma de intervención en el momento de programar las acciones (14)
  	Definición paralela de indicadores socioeconómicos por nivel de degradación (cuantificación y cualificación de la producción y/o los ingresos), para poder determinar qué parte de la producción y/o ingresos es obtenida a costa de qué impacto ambiental
  	Sustitución gradual de las prácticas depredadoras, mediante la optimización de los usos actuales (agricultura, ganadería…), complementados con otros proyectos productivos, y la activación de los usos potenciales (tanto de los agroecosistemas como de los ecosistemas forestales), de manera que la producción y/o los ingresos generados superen en un determinado momento a los ingresos/productos actuales degradativos, permitiendo controlar las presiones sobre los bosques; se deberá tener en cuenta la necesidad de compensar eventuales costos de oportunidad, así como la inversión en aprendizaje de nuevas prácticas de manejo

  La matriz n° 1 ilustra las interacciones entre los distintos rubros productivos, referido a un ecosistema de ceja de selva, habitado por indígenas y colonos, y la secuencia de sustitución. Esta matriz resume el proceso de ‘sustitución de ingresos’ con relación a variables ambientales (presiones sobre los ecosistemas - degradación), combinando el mejoramiento del uso actual, la activación del uso potencial (incluyendo productos no maderables y ecoturismo) y la implementación de proyectos productivos alternativos (Izko ed. 1998). 

  En resumen, se pretende:

  transitar de categorías de mayor degradación a otras de degradación menor, o de una categoría degradativa a otra no degradativa (columna 6)

  mejorando el uso actual (comparación de columnas 1 y 2, A y C) e incorporando nuevos rubros al proceso de sustitución (uso potencial / proyectos productivos alternativos) [columna 2 B], cuya activación depende de las características de cada comunidad y/o finca de manera que sea posible definir: en qué tiempo logramos obtener los ingresos/productos alternativos (ritmo/proceso de estabilización del flujo económico substitutivo) [columna 3] con qué inversión económica [columna 7] en qué tiempo logramos recuperar la inversión realizada (columna 8) beneficiando a ‘x’ familias (columnas 4 y 5), en función de la consolidación del modelo y de la inversión movilizable por el proyecto

  En general, el modelo de sustitución conjuga distintos tipos de uso dentro y fuera del bosque, apoyados por procesos de educación ambiental, capacitación y empoderamiento local (ver más adelante). Las distintas alternativas de manejo (individuales, grupales y/o comunales) son activadas en función de los distintos contextos de uso (no todas son utilizadas en el mismo micro-espacio productivo), aunque combinan alternativas familiares, grupales, comunales e intercomunales. El ritmo de activación de usos alternativos y/o sustitución de usos degradativos depende de factores como: (i) la estructura de la tenencia de la tierra, y la cantidad/calidad de los recursos disponibles y activables; (ii) la existencia de otros usos competitivos del suelo y de mayores o menores costos de oportunidad; y (iii) factores culturales e institucionales que pueden acelerar o desactivar el proceso de sustitución.

  La secuencia de usos alternativos deberá establecer un apropiado equilibrio entre el corto (cultivos anuales, pastos), el mediano (semi - domesticación de productos no maderables con agregación de valor (15), cultivos semi-perennes, ecoturismo) y el largo plazo (reforestación), de manera que la producción/ingresos degradativos vayan disminuyendo a medida que se optimizan los usos no degradativos, y se activan bienes y servicios ambientales complementarios o alternativos.

   

  Matriz de Sustitución de Ingresos:

  RUBRO DE MANEJO Y USO DE SUELO	Beneficios Netos actuales por año (1)	Benef. Netos alternativos / año (2)	Año de Flujo estabilizado  (3)	Nro. de familias beneficiarias (4)	Ingresos netos por familia/año (5)	NDA (6)	Inversión por unid/costo produccion (7)	Tiempo de Recuperación (8)
  A)Uso Actual
  Ganadería
  A.1. Pastos/ganado	41				430.2	D2/D3	47.8	<2 años
  Cultivos anuales
  A.2 Yuca+plátano	557.97				autoconsumo	ND1	135.5	<1 año
  A.3. Maíz	159.4				autoconsumo	D3	84.5	>1 año
  Cultivos perennes/semiperennes
  A.4. Café	231.4				194.4	ND2/Nd1	104.92	<1 año
  A.5. Cacao	58.8				22.9	Nd2/Nd1	92.0	<2 años
  B) USO ALTERNATIVO
  B.1. Ecoturismo	-	23688.00	2	60	394.8	Nd3	41920.55	<2 años
  B.2. Bromelias	-	87801.56	año 3	160	548.8	ND3	122228.93	>1 año
  B.3 Menta (cabeceras del bosque)	-	864	1año	50	216	ND3	531	<1 año
  B.4. Mora y apicultura (cabeceras del bosque)	-	208.4	año 2		208.4	ND3	358.54	1.8 años
  B.5. Piscicultura	-	21150	9 meses	100	211.5	ND3	10500.0	5 meses
  B.6. Refosrestación	en proceso
  C. OPTIMIZACION DEL USO ACTUAL		por ha año
  C.1.Mejoramiento de potreros	con cerca eléctrica	114.6	año 2	200	775.52	ND2	548	2.2 año
  C.2. Tecnificación del cultivo del café	venta café despulpado	799.7	año 3	147	400.0		2086.8	<3 año
  C.3. Tecnificación del cultivo de cacao		575.60	año 4	72	287.8	ND2/ND3	1729.9	3 año
  C.4. Pitajaya		2604.7	año 3	45	2604.7	ND1/ND2	2490.9	9 meses

   

  Nota: los precios ejemplificados en esta matriz son reales y se basan en estudios agro-económicos específicos, realizados en 1998 en el cantón Archidona (Napo-Ecuador, 600-2400 msnm), en el marco del Programa Regional de Bosques Nativos Andinos-PROBONA (UICN-IC); con todo, algunos de los precios (café, por ejemplo) están desactualizados con relación a los precios actuales (2002). Esta matriz está siendo activada en el proceso de desarrollo de la micro-región.

   

  La socio-cultura andina

  La cultura es parte substancial del uso sostenible. Desde la óptica del ‘manejo de presiones’, las orientaciones culturales y las lógicas productivas que se sitúan en el origen de una presión son parte esencial de ese desarrollo; pero también las que cualifican positivamente una determinada relación con los recursos. Los conocimientos de los actores locales (incluyendo los de los sectores mestizos de tradición local) constituyen el punto de partida de los procesos de desarrollo, tanto con relación al ecosistema forestal (usos tradicionales, referente de proyectos como ecoturismo, medicina natural, fitoalimentación o tintes; servicios ambientales), como al agroecosistema y a las formas de relacionamiento con los recursos (prácticas de manejo) que se sitúan en la base de la elaboración normativa, inscrita en un preciso marco institucional. En este sentido, los conocimientos locales facilitan la apropiación del entorno y constituyen el referente de nuevas opciones de uso sostenible, aunque deben ser activados apropiadamente para que puedan traducirse en una opción factible y complementados con otros conocimientos funcionales a los nuevos retos que se enfrentan (16).

  No obstante, aunque conservan todavía una parte significativa de sus conocimientos y prácticas tradicionales, las sociedades andinas de Ecuador y Bolivia están siendo afectadas por una serie de cambios. Entre los más significativos, cabe nombrar los siguientes:

  En muchas comunidades de los Andes la base de recursos disponible está en proceso de degradación por causa de las presiones demográficas y económicas, con consecuencias colaterales como la migración hacia las ciudades o hacia zonas de frontera agropecuaria.

  • Los controles colectivos coexisten de manera precaria con una tendencia creciente a la individualización del acceso a los recursos.
    
  • Los conocimientos tradicionales están dejando de ser funcionales a situaciones influenciadas crecientemente por cambios económicos y ecológicos (por ejemplo, factores exógenos como el cambio climático), porque dichos conocimientos fueron producidos en función de otro tipo de condiciones socio-ambientales.
    
  • En situaciones de cambio, cada vez más frecuentes en la situación andina, tienden a multiplicarse los fenómenos de "disonancia cognitiva". Cuando las tradiciones culturales son compartidas por todos los miembros del grupo, la preexistente memoria cultural permite traducir las representaciones colectivas en prácticas significativas compartidas por la colectividad y consonantes con la tradición; pero en contextos de cambio económico y ecológico, los comportamientos de un individuo o de un grupo social tienden a ser divergentes o parcialmente distintos de las representaciones y normas del grupo, dando lugar a fenómenos de "disonancia cognitiva" entre las practicas culturales y los ideales normativos.

  Un ideal normativo puede ser, por ejemplo, la reciprocidad gente -naturaleza, que emerge tanto del pasado andino cuanto de los postulados ecológicos contemporáneos. Esta reciprocidad supone una ida y vuelta entre la gente y la naturaleza (nosotros cuidamos de la tierra, con un uso respetuoso que no agote los recursos, y la tierra cuida de nosotros, asegurando nuestra sobrevivencia); de hecho, los campesinos altoandinos son conscientes tanto de las propiedades de la naturaleza ("los árboles agarran la niebla"), cuanto de las consecuencias de la degradación ecológica ("las piedras están creciendo"). Pero, simultáneamente, presionan sobre los recursos hasta agotarlos, urgidos por necesidades inmediatas de sobrevivencia o estimulados por la demanda del mercado. En otras palabras, las prácticas (condicionadas por la necesidad de sobrevivir) transgreden los antiguos ideales normativos (conservar funcionalmente el recurso), a pesar de la conciencia de su importancia (cf. Izko 1997a:316-320) (17).

  La ‘reducción’ de la disonancia cognitiva puede requerir cambiar las percepciones o el comportamiento de la gente respecto a los recursos naturales, aunque también es posible realizar distintas combinaciones entre cambios en las percepciones y cambios en el comportamiento.

  Aunque los pobres no son siempre quienes han deteriorado más el medio ambiente (18), la pobreza ha impulsado a las poblaciones rurales a realizar una explotación intensiva de sus recursos. Además de la degradación y destrucción de los ecosistemas forestales, otra manifestación alarmante de esta tendencia es la sobre-explotación de tierras marginales para compensar la escasez de recursos. La explotación de estos recursos se traduce en deterioro y destrucción de la naturaleza (erosión, desertificación), que causa, a su vez, pobreza a través de la degradación del medio ambiente y la pérdida de productividad de los ecosistemas. De esta manera, la degradación ambiental (originada frecuentemente en la pobreza) retroalimenta el empobrecimiento, que se constituye, a su vez, en factor de destrucción (19).

  Sin embargo, es evidente que la pobreza rural suele estar provocada o retroalimentada por un conjunto de factores de carácter estructural, como las políticas económicas, el estímulo mercantil a la depredación, la desigual distribución del ingreso y la riqueza, la estructura de tenencia de la tierra y del acceso a los recursos en general (20), combinados con bajo o inadecuado niel de educación y con la ausencia de propuestas productivas apropiadas. En esta dirección, además de los factores ecológicos y económico-productivos, también la desigualdad distributiva es nociva al medio ambiente, ya que contribuye a mantener niveles absolutos de pobreza que conducen a la degradación ambiental; factores como la sub-acumulación de capital causan desempleo y subempleo, y pueden inducir a la sobreutilización de los recursos naturales para suplir la falta de capital (Gonzáles de Olarte 1995:22-23; cf. Stonich 1993:69 ss.).

  Otro de los riesgos de muchos procesos de desarrollo es la homogeneización productiva, cuya orientación esencialmente ‘antidiversa’ está en las antípodas del desarrollo sostenible, ya que retroalimenta la pérdida de la diversidad cultural y de los conocimientos nativos, al reducir el espectro de alternativas de uso y valoración de los recursos. En este sentido, la sustitución y diversificación productiva es también necesaria en términos culturales, ya que la dependencia mayoritaria de pocos recursos crea distorsiones en las lógicas organizacionales y productivas, aunque proporcione ventajas a corto plazo.

  Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que la tecnología y el mercado tienden a homogeneizar los sistemas culturales que definen las necesidades, a través de estrategias como la estandarización de los modelos de consumo, la disminución de la vida útil de los productos o la ampliación artificial de los márgenes de las necesidades básicas. Estos hechos expanden, por un lado, el margen de las necesidades iniciales, aunque no siempre en la dirección deseable, y agreden, por otro, al medio ambiente, ya que existe la tendencia a compensar el déficit de capital mediante la sobre-explotación del único activo disponible, el medio ambiente. Por todo ello, el reto fundamental es cómo reconducir la lógica inmediatista de las pulsiones y deseos coyunturales de los actores a la satisfacción de las necesidades más fundamentales, asegurando al mismo tiempo un uso sostenible de los recursos naturales.

  En este sentido, aun cuando exista una producción estable para el mercado y se haya logrado crear capacidades de gestión y transformación local de los productos, es fundamental poner las bases para invertir apropiadamente los ingresos en conservación y en calidad de vida (cf. Gudeman 1986). Uno de los ejes frecuentemente olvidados del uso sostenible es, precisamente, la satisfacción apropiada de las necesidades locales (individuales y colectivas), priorizando satisfactores de carácter sinérgico (que satisfacen al mismo tiempo varias necesidades), y prestando atención a aquellas percepciones del bienestar, valores y parámetros de consumo que pueden revertir la sostenibilidad del uso de los recursos y del proceso de desarrollo mismo. Se trata, en definitiva, de poner las bases para un consumo apropiado que no revierta la sosteniblidad del uso de los recursos, teniendo en cuenta que la calidad ambiental de la supervivencia es condición necesaria para la satisfacción estable de las necesidades (21).

  Por tanto, además de la sostenibilidad ecológica, existen una serie de criterios socio-económicos para definir la sostenibilidad de los usos a lo largo del proceso desarrollo, desde la investigación participativa y la identificación conjunta de alternativas  (22), partiendo de la peculiar ‘cultura de manejo’ de las poblaciones locales (23), hasta la ejecución y evaluación compartidas. Este proceso incluye también un adecuado 'ahorro' organizativo en la asignación de responsabilidades y distribución de beneficios para evitar el colapso de la 'capacidad de carga social' (24), el apoyo a la autocapacitación y la educación ambiental (25) y la promoción de formas de capitalización local en función de las características de cada comunidad (26).

  También se ha apoyado procesos de elaboración normativa, lo que implica la concertación del conjunto de actores sociales para definir regulaciones compartidas, a propósito de recursos escasos o estratégicos, identificando incentivos y sanciones y activando controles sociales apropiados para su cumplimiento (27).

  Otra condición básica para que la gente participe activamente en la conservación del medio ambiente ha sido que tenga la autoridad y la responsabilidad para hacerlo. De hecho, una gran parte de la presunta ‘falta de cuidado’ ambiental se debe al hecho de que la gente no se siente responsable o no tiene el poder para actuar, lo que está vinculado a la revisión de las bases legales para este involucramiento, incluyendo la asignación de precisos derechos de propiedad o de uso (Pye-Smith y Borrini Feyerabend 1995:303).

  Por otra parte, más allá de la usual estructura de ‘proyecto’ (una Unidad Ejecutora con un pequeño ejército de extensionistas), el involucramiento diferencial de instituciones de apoyo (‘servicios’), tanto "generalistas" como especializadas, en el proceso de definición, ejecución y seguimiento de las estrategias implementadas, permite amplificar los impactos, al posibilitar su apropiación y réplica por parte de las instancias regionales y locales, aunque implica en una primera etapa una mayor inversión en la homologación de estrategias y metodologías. Este involucramiento es también importante para solventar en un primer momento los altos costos de transacción de los procesos de desarrollo (negociación, acuerdos, información, monitoreo (cf. Prakash 1997, Holden y Binswanger 2000). Sin embargo, el involucramiento ha ido disminuyendo o transfiriéndose a otros campos de apoyo a medida que se generaban capacidades en los actores locales y sus instituciones representativas; en este sentido, su función primordial ha sido el desarrollo de ‘capital social’ (creación de capacidades, confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad, facilitando acciones coordinadas), estimulando el crecimiento de las instituciones locales.

  En general, para que un proceso de uso de los recursos naturales sea 'sostenible', es preciso que cada uno de los eslabones fundamentales de la cadena sea sostenible; en caso contrario, la ruptura de uno de ellos (tecnología inapropiada, mala inversión de los excedentes, dependencia excesiva de instituciones externas ...) puede revertir la sostenibilidad global del proceso, incluida la de los recursos naturales mismos.

   

  A manera de conclusión

  Los bosques nativos andinos confrontan una serie de retos, relacionados con las posibilidades de valorizar los bienes y servicios que proporcionan, y de sustituir las presiones originadas por la actual cultura de manejo de las poblaciones rurales, retroalimentada por factores estructurales (políticas y mercado), en el marco de un proceso participativo que rescate y complemente los conocimientos locales. Pero estos postulados son parte de un reto todavía mayor, relacionado con la posibilidad de contribuir a la satisfacción estable de las necesidades básicas de las poblaciones rurales, minimizando al mismo tiempo los impactos sobre el medio ambiente (Altieri 1992:24).

  En términos generales, se debe considerar, por un lado, que la expansión de la agricultura es una meta deseable para los gobiernos, incluyendo eventuales ingresos mayores para los agricultores (frecuentemente con menos costos de oportunidad con relación al manejo forestal sostenible); por otro lado, el aumento de la rentabilidad de la conservación de bosques, aunque factible, no es una alternativa generalizable ni sustitutiva por sí sola de todas las presiones. 

  En este marco analítico, la soluciones más promisorias parecen señalar en la dirección de la promoción de un desarrollo económico sostenible (que incluya creación de empleo y agregación de valor) con un eje bosque, combinando de manera diferenciada el conjunto de alternativas existentes:

  	intensificar la producción en las tierras ya deforestadas y valorar de manera realista los ecosistemas forestales (bienes y/o servicios según los contextos, combinados con educación ambiental);
  	establecer conexiones de realimentación entre el conjunto de alternativas existentes dentro y fuera de los bosques (agua - agricultura y piscicultura; flora – apicultura; paisaje - ecoturismo, etc.), condicionando el incremento de la producción y los ingresos a la sustitución de actividades depredadoras;
  	activar fuertes controles locales sobre los usos, basados en normas apropiadas que se apoyan en prácticas sustitutivas;
  	considerar la necesidad de introducir tasas ecológicas (en circunstancias de cierta descentralización y toma local de decisiones), eliminación de subsidios a actividades insostenibles y empoderamiento de los actores más sostenibles, discriminando y premiando los productos en función de su calidad ambiental, y asegurando que los futuros pagos ambientales sean transferidos a quienes toman las decisiones forestales.

  En general, las propuestas de intervención son a menudo fragmentarias, o poseen una mera coherencia abstracta (relación genérica entre problemas globales y soluciones), por lo que las alternativas propuestas no se activan de manera dinámica, localizada y sinérgica, a partir de la articulación de componentes bio-ecológicos y socio-económicos en cada unidad productiva, individual o colectivamente considerada (finca, comunidad, economías a escala). Por otra parte, podemos disponer de tecnologías apropiadas, y de recursos naturales y económicos suficientes; pero si no sabemos cómo convencer a la gente y cómo organizarla, planificando una oferta dirigida que conjugue el involucramiento de los más necesitados con el de los que más presionan sobre los recursos, evitando desequilibrios en la participación y generación de riqueza, el proceso de sustitución está condenado al fracaso(Izko ed. 1998:67-68).

  Más allá del voluntarismo estéril de muchas declaraciones de principios o de la fragmentariedad de algunas alternativas de solución, nuestra propuesta aspira a retroalimentar mutuamente los conceptos y las aplicaciones (cf. Long & Long 1992), el mecanismo más apropiado para crear puentes entre la teoría y la práctica del desarrollo.

   

  Bibliografía Referencial:

   

  Aguilera, F. - Alcántara, V. (eds.)
  1994 De la economía ambiental a la economía ecológica. Barcelona, Icaria

  Altieri, M. 1992 “Desarrollo sostenible y pobreza rural: una perspectiva latinoamericana”, en Ruralter
  10:19-46

  Barbier, E.B.
  “Economics for the wilds”, in T.M. Swanson - E.B Barbier (eds.) Economics for the wilds. Wildlife, wildlands, diversity and development, pp. 15-33. London, Earthscan Publ.

  Barbier, E.B. - Burguess, J.C. - Folke, C.
  1995 Paradise lost? The ecological economics of biodiversity. London, Earthscan Publ. 

  Bebbington, A.
  1993 “Desarrollo rural sustentable en los Andes. Instituciones locales y uso regional de los recursos en Ecuador”, en AA.VV. Latinoamérica agraria hacia el siglo XXI, pp. 183-222. Quito, CEPLAES

  Churchill, S - Balslev, H. - Forero, E.- Luteyn, J. (eds.)
  1995 Biodiversity and conservation of neotropical montane forests. New York, The New York Botanical Garden

  Blaikie, P.
  1984 The political economy of soil erosion in developing countries. Londres, Longman

  Dollfus, O.
  1981 El reto del espacio andino. Lima, IEP

  1991 Territorios andinos: reto y memoria. Lima, IFEA-IEP

  FAO
  1996 El desafío del desarrollo forestal participativo. Hacia una nueva forestería. Quito, FAO Holanda-DFPA

  Goodman, D. - Redclift, M. (eds.)
  1991 Environment and development in Latin America. Manchester, Manchester University Press

  Gudeman, S.
  1986 Economics as culture. Models and metaphors of livelihood. Londres, Routledge & Kegan Paul

  2000 “Proceso decisorio en los pequeños agricultores. Imperfecciones de mercado y administración de recursos naturales en países de desarrollo”, en E. Lutz (ed.), Agricultura y Medio Ambiente: perspectivas sobre el desarrollo rural sostenible. Washington, Banco Mundial

  Holling, C.S.
  1986 Adaptative environmental assessment and management. New York, Willey

  Izko, X.
  1992 La última frontera: ecología, política y ritual en el Altiplano Central de Bolivia. La Paz, CERES-HISBOL

  1995 “Intercultural communication and technology in andean countries”, in M. Singer - J.W. Fernandez (eds.), The conditions of reciprocal understanding, pp. 101-161. Chicago, The University of Chicago Press

  1997a “Un breve epílogo y algunas conclusiones fragmentarias”, en AA. VV. Sistematización de experiencias de educación ambiental en Ecuador, pp. 316-330. Quito, UICN-PROBONA-FAO FTPP.

  1997b “Gente bajo los árboles. El uso sostenible y participativo de los ecosistemas forestales”, en AA. VV. Enfoques participativos para el desarrollo rural, pp. 135-145. Quito, CAAP-GTZ

  Izko X. ed.
  1998 Ordenamiento de los recursos forestales, desarrollo sostenible y pobreza rural en Ecuador / Forest land use planning, sustainable development and rural poverty in Ecuador-South America. Quito, PROBONA (IC-UICN)

  Izko, X. ed. (en prensa)
  Bosque adentro. Comunidades y recursos naturales en los Andes: la experiencia del PROBONA. Quito-La Paz, 2002

  Izko, X. – Burneo, D. (en prensa)
  ‘Caja de herramientas’ para la valoración y gestión sostenible de los bosques nativos en Sudamérica. Quito, UICN

  Jacobs, M.
  1995 Economía verde. Medio ambiente y desarrollo sostenible. Bogotá, TM-Uniandes

  2000 Desarrollo sostenible. Transición hacia la co-evolución global. Madrid, Pirámide

  Kaimowitz,- Byron - Sunderlin, W. 
  2000 “Políticas públicas para reducir la deforestación inapropiada en los trópicos”, en E. Lutz (ed.), Agricultura y Medio Ambiente: perspectivas sobre el desarrollo rural sostenible. Washington, Banco Mundial

  Kirkby, J. - O'Keefe, P. - Timberlake, Ll. (eds.)
  1995 The Earthscan reader in Sustainable Development. London, Earthscan Publ.

  Long, N - Long, A. (eds.)
  Battlefields of knowledge: the interlocking of theory and practice in social research and development. London, Routledge

  Leff, E. - Carabias, J. (coord.)
  1993 Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales, vol. II. México, UNAM

  Lutz, E. - Pagiola, S. - Reiche, C
  2000 “Costos y beneficios de la conservación de suelos en Centroamérica y El Caribe”, en E. Lutz (ed.), Agricultura y Medio Ambiente: perspectivas sobre el desarrollo rural sostenible. Washington, Banco Mundial

  Markandya, A - Richardson, J. (eds.)
  1993 The Erthscan reader in environmental economics. London, Earthscan

  Max-Neef, M.
  1991 Human scale development: conception, application and further reflections. London - New York, Apple Press

  McNeely, J.A.
  1988 Economics and biological diversity: developing and using economic incentives to conserve biological resources. Gland, IUCN

  1997 Conservation and the future: trends and options toward the year 2025. Gland, IUCN

  Moran, D. – Pierce, D.
  2000 Handbook on the applied valuation of biological biodiversity. Paris, OECD (first draft)

  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE
  1991 Environmental indicators. Paris, OCDE1999 Economic globalization and the Environment. Paris, OCDE

  Pearce, D.
  1993 Economic values and the natural world. London, Erthscan Publ.

  Pearce, D.- Moran, D.
  1995 The economic value of biodiversity. London, IUCN-Earthscan Publ.

  Painter, M. - Durham, J. (eds.)
  1994 The social causes of environmental destruction in Latin America. Michigan, The University of Michigan Press
  Poverty and environment. Linkages in mountains and uplands: reflections on the ‘poverty trap’ thesis. CREED working paper series n° 12. London, IIED – IVM

  Reid, D.
  1995 Sustainable development. An introductory guide. London, Earthscan Publ.

  Ricaldi Arévalo T., comp.
  1999 Una nueva mirada a la ecología humana. Cochabamba, UNESCO – CESU/UMSS

  Sen, Amayrta
  1992 Inequality reexamined. Cambridge, Harvard University Press

  Sizer, N.
  1993 Opportunities to save and sustainably use the world’s forests through international cooperation. Washington, WRI

  Southgate, D.
  1998 Tropical forests conservation: an economic assesment of the alternatives in Latin America. Oxford, Oxford University Press

  Stonich, S. C.
  1993 “I Am destroying the land”. The