BIOSF_3: LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE MANANTLAN: 
UN BALANCE DE OCHO AÑOS DE GESTION

Sergio Graf Montero(1), Eduardo Santana C.(2), Enrique Jardel Peláez (2), y  Bruce F. Benz (2)

1. Instituto Nacional de Ecología, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
2. Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Centro Universitario Costa Sur, 
Universidad de Guadalajara,

INTRODUCCION

En los últimos años el principal paradigma que ha dominado la disciplina de manejo y administración 
de las áreas naturales protegidas ha sido la integración de la conservación de la diversidad biológica 
con el desarrollo social sustentable. Este nuevo enfoque ha desplazado a aquellos de corte 
preservacionista y tiene sus orígenes, a partir de la década de los sesentas, con el desarrollo de 
algunos parques regionales en Europa, que pretendían no sólo preservar la naturaleza, sino también
las culturas tradicionales. Posteriormente, esta concepción fue incorporada al modelo de reservas de
 la biosfera del programa MAB-UNESCO y a la Estrategia Mundial para la Conservación como una 
alternativa al fracaso del modelo de parques nacionales norteamericanos, que había sido adoptado
 de manera generalizada por la mayoría de los países del Tercer Mundo.

Este cambio de enfoque fue positivo, ya que las áreas protegidas en países pobres, a diferencia de 
los parques norteamericanos, no son espacios sin habitantes. Muchas de ellas albergan territorios 
de comunidades indígenas con un arraigo milenario y proveen importantes recursos a las poblaciones
locales. Sin embargo, son escasos los ejemplos de una gestión exitosa que integre la conservación 
y el desarrollo, ya que la mayoría de los proyectos aún mantienen un fuerte énfasis sobre los aspectos
 técnicos de gestión, considerando al área silvestre como una especie de "isla," donde se debe dar 
una relación armoniosa entre la sociedad y la naturaleza, ubicada en un mar de deterioro ambiental. 
El contexto socioeconómico regional y nacional raramente se considera en la ecuación para la gestión 
de las reservas.

Las áreas naturales protegidas enfrentan una fuerte presión sobre sus recursos debido, entre otros
 factores, a las condiciones de extrema pobreza de la poblaciones locales, la aplicación de políticas
 de desarrollo incompatibles con la conservación y la falta de respaldo institucional para su gestión.
 Abundan las "reservas de papel" que fueron decretadas legalmente, pero que no tienen una protección
 efectiva en el terreno, ni un programa establecido para su  manejo y vinculación con la población local.

La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, es un proyecto impulsado originalmente por el Instituto 
Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO) de la Universidad de Guadalajara,
 y recientemente incorporado a los programas del  Instituto Nacional de Ecología (INE) de la Secretaría 
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que se ha considerado como modelo a nivel 
latinoamericano. La experiencia de casi ocho años de gestión de la reserva sirve para ejemplificar los 
principales problemas a los cuales se enfrentan los proyectos en los cuales se pretende conjugar los
 objetivos de conservación de la naturaleza con el desarrollo social, y  donde diversos actores, 
incluyendo instituciones académicas, organizaciones campesinas, grupos de interés y dependencias 
gubernamentales, generan un ambiente dinámico y complejo de interacciones sociales en torno a la 
gestión del área. 


DESCRIPCIÓN DE LA SIERRA DE MANANTLÁN

Situada en los límites de los Estados de Jalisco y Colima, la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Manantlán constituye el área natural protegida más importante del Occidente de México, debido a 
su gran extensión (139,500 ha), alta riqueza de especies silvestres y cultivadas, potencial forestal y 
servicios ecológicos que presta a toda una región de Colima y del Sur de Jalisco. Sus cuencas son 
importantes abastecedoras de agua para los valles agrícolas y centros urbanos adyacentes, que 
albergan una población de más de 400,000 habitantes.

La complejidad topográfica, el pronunciado gradiente altitudinal, que va de los 400 a los 2,860 msnm, 
y la proximidad al Océano Pacífico se conjuntan en esta zona para producir una marcada variedad de 
condiciones ambientales, que a su vez, dan lugar a una gran diversidad de especies y de habitats. 
El área alberga más de 2,700 especies de plantas, y pueden observarse nueve tipos de vegetación, 
desde bosques tropicales en las partes bajas, hasta bosques de coníferas a partir de los 1,500 metros . 
La fauna silvestre es también diversa, encontrándose más de 560 especies de vertebrados, entre las 
que se cuenta el 26% (109) de las especies de mamíferos mexicanos, y así como el 33% (336) de 
las especies de aves en el país. 

La sierra reúne una gran cantidad de recursos naturales que representan un valioso potencial productivo
 para el desarrollo de la población local, especialmente en lo que se refiere a recursos forestales. 
Hasta el momento, se han registrado más de 630 especies de plantas y 70 especies de animales 
silvestres utilizadas en la región. En efecto, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) categorizó a la Sierra de Manantlán como un importante banco de germoplasma 
de especies útiles, entre las que se encuentran una gran cantidad de variedades criollas de maíz y 
frijol. Esto es, además, un reflejo de la importancia del conocimiento tradicional que aún está vigente 
y que representa un componente notable del patrimonio cultural regional.

La Sierra de Manantlán no es una zona deshabitada, por el contrario, más de 4,000 años de presencia 
humana han conformado los paisajes de esta zona montañosa, que alberga en la actualidad, a poco 
más de 30,000 personas en 25 comunidades agrarias. Dentro de los límites de la Reserva hay 45 
asentamientos humanos donde viven en condiciones precarias cerca de 7,000 personas. Las 
poblaciones de la zona sur son comunidades indígenas de origen Nahua. La mayor parte de la 
población en la sierra se encuentra en condiciones marcadas de pobreza y marginación social: 
existen altas tasas de emigración, y los serviciós educativos, de salud y de comunicación son 
escasos y deficientes. Esto se refleja, en altas tasas de enfermedades infecciosas, morbilidad y 
mortalidad infantil, analfabetismo (hasta el 40% de la población adulta en algunas comunidades), 
y violencia, principalmente en las comunidades que se encuentran más aisladas.

Las comunidades agrarias no son unidades homogéneas, existiendo al interior grandes diferencias
 entre sus miembros. En la mayoría de los casos, los medios de producción se concentran en una 
minoría de los productores, y la distribución de la tierra y el ganado es bastante desigual entre los 
campesinos de una misma comunidad. Por ejemplo, en la Comunidad Indígena de Cuzalapa, el 8% 
de los comuneros es propietario del 67% del hato ganadero.

La agricultura es la base de la economía local, sin embargo, ésta atraviesa por una profunda crisis 
debido a los bajos precios de los productos agrícolas, la falta de programas de financiamiento y
 asesoría técnica, la disminución de la fertilidad de los suelos y la descomposición de los sistemas 
tradicionales de producción, causada por la emigración y la depresión económica. Esta situación ha 
causado que algunos campesinos se dediquen cultivos ilícitos, como la marihuana y la amapola. 

Los sistemas tradicionales de producción se han transformado bajo la influencia de los procesos de 
modernización. Los programas oficiales de desarrollo, si bien han sido esporádicos en su aplicación, 
han aumentado la dependencia de los campesinos respecto del Estado y han modificado las relaciones 
sociales al interior de las comunidades, provocando, además, la degradación de los recursos naturales.
Un buen ejemplo de esto es el desarrollo de la ganadería que, impulsada en la región a través del 
crédito y subvenciones gubernamentales, ha sido el principal factor de conversión de bosques a 
pastizales y de la disminución de la superficie destinada al cultivo del maíz. La ganadería, que se 
realiza en forma extensiva, con poca inversión en capital y mano de obra, induce al  acaparamiento 
individual de los terrenos colectivos para ser utilizados como agostaderos. Esta actividad ha reforzado 
la diferenciación social, generando graves conflictos al interior de los ejidos y comunidades indígenas.

También la explotación de los bosques, que durante más de 40 años realizaron compañías privadas 
externas, tuvo un impacto negativo sobre las comunidades dueñas del recurso. Los proyectos de
 desarrollo forestal comunitario impulsados por el Estado en la zona fueron un fracaso, por una parte 
porque no consideraron la participación de la población en los procesos de implementación de los 
mismos, y también porque estuvieron permeados por la corrupción de autoridades locales y funcionarios
públicos. Esta actividad dejó una derrama económica mínima y provocó, tanto el deterioro de los 
bosques, como serios conflictos sociales que en muchas ocasiones se manifestaron de manera 
violenta y resultaron en la intervención de la fuerza pública. Las dos comunidades agrarias más 
grandes de la reserva, Ayotitlán y Cuzalapa, tienen una larga historia de lucha por la defensa de 
sus recursos naturales en contra de las compañias madereras. El historial de violaciones a los 
derechos humanos en la zona está íntimamente ligado a estos conflictos.

Se observan en la sierra otras actividades productivas de mediana importancia, que han sido 
ignoradas por los programas de desarrollo regionales. La recolección de plantas silvestres (palma, 
otate, heno, frutos y flores de diversas especies), la fabricación de carbón y artesanías y la pesca
 (peces y chacales), son actividades que representan para las familias campesinas más pobres la 
única fuente de ingreso durante algunos períodos del año. De igual manera, el consumo de quelites 
y fauna silvestre (venados, jabalíes, ardillas, huilotas, iguanas y peces), complementa la dieta 
durante períodos críticos, cuando escasea el maíz y el frijol en las comunidades aisladas. 


LA RESERVA DE LA BIOSFERA: "VIEJO ESCENARIO CON NUEVOS ACTORES"

El descubrimiento en la Sierra de Manantlán, realizado en 1979 por investigadores de la Universidad 
de Guadalajara y la Universidad de Wisconsin-Madison, de una planta llamada teocintle
 (Zea diploperennis), con un alto potencial para el mejoramiento genético del maíz, y las investigaciones
 posteriores por parte de la Universidad de Guadalajara sobre la riqueza biológica de la zona, atrajeron 
la atención nacional e internacional a esta zona, como área prioritaria en Mesoamérica para la 
conservación de recursos genéticos silvestres. Posteriormente, el establecimiento en 1984 de la 
Estación Científica las Joyas por el Gobierno del Estado de Jalisco, y la creación en 1985 del 
Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (entonces llamado Laboratorio 
Natural Las Joyas) por la Universidad de Guadalajara, dio inicio a un proceso de investigación y 
vinculación social que culminó en la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.

Mediante un programa de investigación científica, cuyos resultados fueron difundidos en las 
comunidades de la sierra y ante las autoridades municipales, estatales y federales, el Instituto
 Manantlán empezó a forjar un consenso sobre la necesidad de establecer un área natural protegida 
con características particulares. La sierra se convirtió en un espacio común donde coincidieron los 
intereses de las comunidades agrarias que luchaban por la defensa de sus recursos naturales y los
de un grupo de universitarios comprometidos con la conservación de la naturaleza. Dicho proceso se 
nutrió de la colaboración académica con instituciones nacionales y extranjeras como el Instituto de 
Ecología A.C., la Universidad de Wisconsin-Madison y el World Wildlife Fund.  

A propuesta del Gobierno del Estado de Jalisco, el Ejecutivo Federal decretó, el 5 de marzo de 1987,  
la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, evento que propició  que la reserva fuera 
incluida un año después en la red internacional de reservas de la biosfera del programa MAB-UNESCO 
de las Naciones Unidas. No obstante el apoyo comunitario existente, a lo largo del proceso de creación
de la reserva se sucitaron reacciones contrarias a ésta, ya que en el área existían fuertes intereses
 económicos, relacionados principalmente con la explotación de la madera y con el sistema caciquil 
de tráfico de influencias, los cuales se vieron afectados por el nuevo programa. Las presiones se 
manifestaron formalmente mediante amparos al decreto federal, así como mediante amenazas de
 violencia contra el personal directivo y de trabajo comunitario del Instituto Manantlán y contra los 
comuneros y ejidatarios que apoyaban la reserva. También se propiciaron deliberadamente incendios 
en zonas forestales de las comunidades agrarias y la Estación Científica Las Joyas. Sin embargo, los 
resultados del trabajo de comunitario de la Universidad de Guadalajara se pusieron en evidencia 
cuando, en los lugares donde inicialmente hubo una mayor oposición a la creación de la reserva, 
fueron los mismos pobladores los que apoyaron el decreto federal, neutralizando los intentos de 
anular su implementación, y protegieron el bosque de incendios forestales. Estos grupos campesinos
 inconformes con el sistema corrupto de explotación forestal, vieron la posibilidad de canalizar sus 
aspiraciones de desarrollo de manera pacífica a través de nuevos mecanismos vinculados a la 
gestión de la reserva. De esta manera, la creación de la reserva disminuyó la tensión social existente 
en la región creando nuevos espacios para la concertación social.

Sin embargo, la creación de la reserva también tuvo como consecuencia la imposición de nuevas 
restricciones en el uso de los recursos naturales, a través de la zonificación. El decreto federal no 
fue expropiatorio, sino que reguló el uso del suelo, manteniendo intacta la tenencia de la tierra, que 
consiste en un  60% de terrenos ejidales y comunales, y un 40% de pequeñas propiedades. Una 
buena parte de las zonas núcleo, o áreas de protección integral, se establecieron en terrenos ejidales
ó comunales. Aunque en éstas zonas núcleo no existen asentamientos humanos, tienen potencial de
 ser utilizadas a futuro por las comunidades.  Esta zonificación "enajenó" una parte del territorio de 
algunas de las comunidades sin proveer la remuneración correspondiente, pues los campesinos 
siguieron siendo propietarios de sus terrenos pero sin poderlos utilizar.

Desde el inicio del proyecto se planteó que la "compensación" por los efectos de la zonificación  
se lograría impulsando programas integrales de desarrollo en las zonas de amortiguamiento. Sin 
embargo, las dependencias gubernamentales responsables del desarrollo agropecuario y forestal, 
no tuvieron la capacidad de coordinarse entre sí y responder a los retos del nuevo modelo de gestión 
ofreciendo alternativas productivas. De hecho, muchas dependencias ni siquiera reconocieron la 
existencia de la reserva, así como el compromiso nacional e internacional para su gestión, y 
aplicaron programas que no eran acordes con los objetivos planteados en el decreto federal. En 
algunos casos, los programas se contraponían entre sí, como sucedió con los programas de 
protección forestal y los de fomento a la ganadería extensiva. Estos problemas subsisten hasta 
la fecha. 

En un principio, el Gobierno del Estado de Jalisco financió el programa para la creación de la reserva, 
pero con el cambio de gobernador, en 1989, el Estado eliminó a la reserva de su presupuesto. 
Desde entonces, el programa ha sido financiado principalmente por la Universidad de Guadalajara y 
la fundación internacional de conservación llamada Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife 
Fund). A medida que el programa avanza, otras fundaciones internacionales como el Nature 
Conservancy, Biodiversity Support Program y National Fish and Wildlife Foundation, así como 
donadores privados y dependencias gubernamentales han aportado apoyos para el trabajo en la 
reserva, pero el presupuesto ha sido insuficiente y esporádico.

Recientemente, se realizó un ejercició de trabajo interinstitucional a través del "Programa para el
 Desarrollo Integral de la Sierra de Manantlán" impulsado por el Gobierno del Estado de Jalisco y 
la Secretaría de Desarrollo Social. Dicho programa se inició en reconocimiento al grado de 
marginación en que viven las poblaciones indígenas de la sierra y en respuesta a eventos violentos 
que se sucitaron en estas comunidades a finales de 1993 y principio de 1994. El programa tuvo 
efectos positivos y la participación del Instituto Nacional de Ecología y el Instituto Manantlán 
contribuyó a que se implemantara un taller de concertacion intercomunal con la participación amplia 
de diversos grupos sociales que permitió una mejor distribución de los recursos financieros en la sierra.
 Sin embargo, el programa fue de corta duración,  no aseguró la continuidad de acciones en el contexto
 de la reserva, ni sentó las bases para fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones locales. 


INVESTIGACION, CONSERVACION Y DESARROLLO: "LA BUSQUEDA DE UNA ESTRATEGIA"

La reserva fue planteada desde un inicio como un modelo experimental, a través del cual se pretenden 
generar alternativas para mejorar la calidad de vida de la población local sobre la base del ordenamiento 
territorial y del aprovechamiento racional de los recursos naturales. En este contexto, la investigación 
científica, el desarrollo y la difusión de tecnologías apropiadas, la formación de recursos humanos, la 
educación ambiental y el fortalecimiento de las organizaciones locales, juegan un papel instrumental.

El Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, como institución académica 
catalizadora del programa de conservación, ha visto pasar a su proyecto por diversas etapas de 
desarrollo.  El trabajo se inicia con un programa intensivo de investigación, cuyas líneas principales 
son los inventarios de la diversidad de flora y fauna, que establecen el valor ecológico de la zona, 
ecología de poblaciones y comunidades de plantas y animales, estudios de procesos de sucesión y 
regeneración de los bosques, silvicultura y conservación de biodiversidad en bosques bajo 
aprovechamiento, estudios etnobotánicos y evaluación del potencial productivo de recursos bióticos 
vegetales, plagas agrícolas, manejo de cuencas y conservación de suelos, arqueología, problemática 
agraria regional y sistemas de producción. Dicho trabajo de investigación logró avances significativos 
a corto plazo debido a que se fincó en criterios de excelencia, se planteó estrictamente con base a 
su utilidad para el manejo de la reserva, se diseñó en estrecha colaboración con especialistas de 
diversas instituciones nacionales y extranjeras, y  se llevó acabo con financiamiento parcial externo
 que impidió que sufriera interrupciones. 

El trabajo de investigación ha servido como base para las actividades de conservación, mismas 
se han centrado principalmente en cuatro aspectos:
IMPEDIMENTOS PARA ESTABLECER EL MODELO DE CONSERVACIÓN.

El desarrollo social y la participación de la población local en la gestión de la reserva, si bien son dos aspectos
explícitamente reconocidos en el proyecto de la Sierra de Manantlán, llevarlos a la práctica ha sido
extremadamente difícil. El primer impedimento es la inexistencia de una instancia intersectorial para la
gestión de la reserva que sirva como medio de concertación entre los tres niveles de gobierno, la 
población local, las intituciones académicas y la sociedad civil en general.   

Ocasionalmente, se ha planteado que la Universidad de Guadalajara, a través del Insituto Manantlán, 
sea la responsable de la administración de la reserva, sin embargo, esto no es factible. La universidad, 
como institución académica de educación superior, no tiene las atribuciones legales ni los recursos 
financieros para responsabilizarse totalmente de una función que le corresponde a los gobiernos federales
y estatales. El papel de la universidad debe ser como responsable de los programas de investigación y 
educación ambiental en la reserva, coadyuvando a la implementación de programas de manejo y desarrollo 
comunitario, y fungiendo como asesor técnico de la administración de la reserva.

La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán involucra a 25 comunidades agrarias pertenecientes a siete
municipios en dos Estados de la República, y es un territorio donde confluyen múltiples actores e intereses, 
lo que exige la creación de nuevos espacios de concertación y diálogo. La gestión de un proyecto tan complejo
como éste requiere de una instancia rectora interinstitucional con mecanismos administrativos eficientes y 
operativos. Sin embargo, uno de los aspectos más espinosos en la historia de la reserva ha sido, precisamente,
la definición de su estructura administrativa.

Es muy significativo que a casi ocho años de su creación, la reserva no cuente aún con un plan de manejo oficial. 
Esto se debe, en parte, a la reticencia de las dependencias gubernamentales para aceptar una nueva instancia 
de gobierno, como lo sería un "consejo directivo" de la reserva cuya creación tendría como consecuencia la 
disminución de la autonomía de acción de cada dependencia en la región. El crear una nueva instancia administrativa 
tambien implica asignar recursos frescos al programa de la reserva, mismos que no están contemplados en los 
programas tradicionales de cada dependencia.

La actual situación empieza a mejorar con la intervención del Instituto Nacional de Ecología, que en 1994 inició su
participación como órgano gubernamental encargado de crear la administración de la reserva. El INE designó a 
un director de la reserva, y al mismo tiempo promovió que ésta fuera considerada en el programa de financiamiento
del Global Environmental Facility del Banco Mundial, con el fín de elaborar un plan de manejo e iniciar acciones 
emergentes de administración. Sin embargo, debido a la excesiva burocracia del programa del Banco Mundial, 
que a su vez se complicó por el cambio sexenal de la administración federal en el cual el INE quedó adscrito a 
una nueva Secretaría de Estado, el programa no se ha implementado. 
   
Existen otros problemas de fondo a superar que rebasan el ámbito de la reserva y de su administración. 
Programas como el de la Sierra de Manantlán, que intentan crear nuevas realidades basadas en el desarrollo
local sustentable, están condenados al fracaso si no se modifica el modelo socioeconómico dominante que 
asume la necesidad de un crecimiento económico constante y el comercio libre. La erosión de los recursos
naturales causada por su explotación intensiva y la pérdida de oportunidades productivas en el campo 
agudizan las condiciones de marginación y pobreza de la población rural. Estos factores se deben de 
abordar de manera integral a nivel nacional para lograr la conservación de la biodiversidad y el 
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos.
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