En concepto, el pago de servicios ambientales debería servir como un mecanismo que provea a las comunidades locales de un ingreso lo suficientemente bueno para que dejen de manejar sus recursos de manera insustentable, o también que sirva como un incentivo económico complementario para que éstas lo sigan utilizando de manera sustentable. Con estos propósitos en mente, el cálculo de cuanto se debe pagar a las comunidades debe estar seguido por un cálculo de cuanto necesitan (en ingresos económicos) para salir de la pobreza o al menos mejorar significativamente su nivel de subsistencia. En el caso de que se tome en cuenta estas consideraciones significaría que se requieren establecer cálculos diferenciados para las comunidades (obviamente unas comunidades son más pobres que otras, y tienen restricciones mayores en cuanto a su movilidad social debido no solo a factores de ingreso pero por distancia y acceso a mercados, niveles de educación y de cobertura general de servicios básicos, etc.), cuestión que en lo personal me parece muy justo. Sin embargo, tal propuesta convertiría al ejercicio en algo bien complejo, y en muchos casos demasiado localista lo que en términos prácticos dificultaría su aplicación (por tiempo y falta de información). Visualizo que para el pago de servicios ambientales desde esta óptica se tendría que diseñar una tabla diferenciada por tipo de comunidad, lo que en resumidas cuentas sería como tener una radiografía socio-económica pormenorizada (con indicadores de salud, educación, necesidades básicas insatisfechas, etc.) de las comunidades, lo que es poco factible de obtener - al menos a mediano plazo. Otro aspecto en torno a la equidad social y la reducción de la pobreza que se debe considerar en el diseño del pago de servicios ambientales viene de un estudio desarrollado en la Península de Osa en Costa Rica. En este estudio desarrollado por Solis (2000) la autora identificó que debido a las condiciones previas con las que deben contar los campesinos para acceder al pago de servicios ambientales del FONAFIFO se estaría contribuyendo a la inequidad y no a su reducción. Uno de los aspectos que la autora señala se refiere al requisito de tener los papeles en regla sobre de la tenencia del predio. Por otra parte, requerimientos de extensión mínima de los predios también actuaría en contra de aquellos que tienen parcelas demasiado pequeñas para ser calificadas. Evidentemente, estos dos requerimientos se han establecido para que el mecanismo pueda ser aplicado. Sin embargo, desde el punto de vista de equidad, los más pobres estararían siendo excluidos.

La misma preocupación pero en el ámbito más global se puede trasladar al mercado (aún incipiente) de servicios ambientales y/o servidumbres ecológicas. Costa Rica obviamente tiene el liderazgo en este mercado, en otras palabras tiene una ventaja comparativa. Sin embargo, países como el Ecuador que tienen mayores niveles de pobreza y de   inequidad no calificarían tan bien en este mercado debido a razones de inseguridad institucional, riesgo político, etc. ya que este mercado - como en cualquier otro- los inversionistas quieren asegurar a toda costa su inversión. Siguiendo con el argumento anterior, esto podría significar que países que en términos de pobreza requieren desesperadamente de estos incentivos no podrían tener acceso al mismo. En otras palabras, no se estaría beneficiando a los más pobres de los pobres. Con estas reflexiones quería poner en tela de juicio la efectividad de los mecanismos e instrumentos de mercado para el manejo de los recursos naturales en la reducción de la inequidad. Con esto no quiero cuestionar su validez para la "internalización de externalidades ambientales". Sostengo, al igual que Beck (1995) que se requieren paralelamente a los instrumentos de mercado, mecanismos de regulación por parte del Estado para que los beneficios realmente lleguen a los más pobres (se me ocurren algún tipo de subsidios). Sin una intervención efectiva del Estado para beneficiar a los más vulnerables los incentivos de mercado no van a llegar a éstos y se estará reproduciendo la misma lógica de insustentabilidad social que en principio queremos evitar. Para esto quizás debemos hacer mayores esfuerzos para que el cálculo del pago de servicios ambientales y los requisitos para su aplicación sean mucho más equitativos aunque esto signifique un costo alto a corto plazo.

Comentarios, sugerencias - bienvenidas!

 Saludos

Sigrid Vásconez
Quito, Ecuador

Bibliografía

Solis R., Vivienne. Poverty Alleviation and Environmental Services in Costa Rica: The Case of the Osa Peninsula. Ponencia presentada en el 15avo Foro Global sobre Biodiversity, Taller "Biodiversity and Poverty Alleviation", Nairobi- Kenya, May, 2000.

Beck, U. 1995. Ecological Politics in an Age of Risk. Cambridge: Polity Press.