Más allá del proyecto Conga: que lo urgente no nos lleve a dejar de lado lo importante

No es posible hablar de desarrollo sostenible en los Andes ignorando la importancia que tiene la actividad minera para el crecimiento económico de los países andinos o ignorando la poca inversión que se ha dado en las zonas de explotación minera con el consecuente descontento social.

El territorio andino vive una situación de polarización. Por un lado están todos aquellos que consideran que debido a la importancia económica de la actividad minera, los Estados deben hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar que estas  actividades continúen y las planificadas se ejecuten a cualquier costo.

Por otro lado están quienes consideran que cualquier actividad extractiva, que afecte directa o indirectamente los recursos naturales y los medios de vida de las poblaciones andinas debe ser prohibida. La polarización hace difícil encontrar puntos de encuentro y hace insuficiente -sino irrelevante- la discusión técnica.

Estamos en una situación donde se requiere de una urgente y decidida -ojalá concertada- acción política que aborde la relación entre minería y desarrollo desde una perspectiva que permita a todos los actores compartir los beneficios.

El reciente conflicto entre el Gobierno peruano, la empresa minera Yanacocha, los pobladores y las autoridades locales de Cajamarca por el proyecto Conga, es solo uno de los muchos ejemplos de los conflictos latentes asociados a la minería en el territorio andino y podría ser el disparador de un proceso de diálogo y concertación que aborde los problemas de fondo. Esa es la responsabilidad que hoy tienen en sus manos los actores directamente involucrados. Utilizar el problema actual para abordar una problemática más amplia.

Desde CONDESAN estamos comprometidos en apoyar ese diálogo amplio. Desde hace varios años venimos llamando la atención acerca de la necesidad de abordar la problemática de la minería en los Andes a partir de un diálogo amplio y abierto de todos los sectores involucrados.

Asimismo, hemos llamado la atención sobre la necesidad de concertar un modelo de minería que genere beneficios reales a la sociedad lo mismo que a la economía de los países, y que garantice los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental.

Nosotros consideramos que el diálogo debe llevar a diseñar un modelo de intervención Estado-Empresa-Sociedad que ponga por delante el bienestar ciudadano y la gestión sostenible de los recursos naturales. A eso llamamos un modelo para compartir los beneficios.

Esto requiere de un manejo especial y de sólidas decisiones de política, basadas en serios y objetivos análisis de costo–beneficio en cada país.

Se considera que, a partir de la aplicación rigurosa de instrumentos de planeamiento territorial y privilegiando la perspectiva del interés colectivo, es necesario analizar la viabilidad y conveniencia de la minería en los Andes considerando también los estudios sobre la función hidrológica de los ecosistemas,  la biodiversidad de los ecosistemas, y las percepciones y opiniones de los habitantes de esos territorios.

Solo podemos avanzar hacia un modelo de compartir beneficios en la medida que la autoridad ambiental sea fortalecida y se institucionalicen los procesos de ordenamiento del territorio con la debida participación de los actores locales.

Asimismo, se requiere de una actitud empresarial social y ambientalmente responsable con gremios empresariales que se autocontrolen y establezcan mecanismos que aseguren que sus empresas afiliadas cumplen con las leyes y disposiciones de las autoridades locales, subnacionales y nacionales y cuyos aprendizajes redunden en mejores prácticas.

Necesitamos un gremio minero decidido a trabajar de la mano con el Estado para que en un plazo razonable se hayan abordado los pasivos ambientales (solo en el Perú hay hoy día más de 6000 pasivos ambientales detectados) y también una acción decidida contra la actividad informal.
Necesitamos también autoridades locales y subnacionales con las capacidades necesarias para gestionar sosteniblemente su territorio y asegurar la inversión necesaria para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores.

Finalmente, pero no menos importante, requerimos más y mejor investigación socioambiental. Las universidades de los países andinos deben estar a la vanguardia de la construcción de opciones de desarrollo para los territorios andinos y al mismo tiempo deben ser aliados en la vigilancia ambiental, el ordenamiento territorial y por su puesto en mejores prácticas mineras.

Poner todo esto a andar, requiere de una fuerte voluntad política que fuerce a los actores a sentarse a la mesa y a posponer sus demandas de corto plazo por soluciones de mediano y largo plazo, donde todos puedan beneficiarse.

El conflicto actual en Cajamarca debe servirnos como oportunidad para empujar en la región andina y en especial en el Perú hacia un proceso político que construya soluciones de largo plazo.
 
CONDESAN está comprometido a trabajar con todos los actores involucrados para la construcción de esas soluciones y movilizar la riqueza de los Andes para superar la pobreza y la exclusión social.

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